El Gobierno acaba de hacer público su compromiso de reivindicar en todos los foros europeos que los acuerdos comerciales con países extracomunitarios que exportan sus alimentos a la Unión Europea incluyan cláusulas espejo, para que los productos que les importemos estén sometidos en origen a las mismas restricciones para el uso de fitosanitarios y presencia de residuos prohibidos que la Unión nos exige a los Estados miembros. Convendremos en que se trata de una medida difícilmente objetable, pues nada parece más lógico que exigir igualdad de condiciones para todos los operadores concurrentes en un mercado globalizado, que ha de ser libre pero también leal y equilibrado.
Sin embargo, ese elemental reequilibrio de condiciones a priori inicuas sigue sin existir en el corazón de Europa, al negarse el Consejo a admitir cláusulas espejo en acuerdos relacionados con el mercado alimentario. Ha sido su obstinada línea desde siempre y lo sigue siendo, salvo en un caso, que constituye por fin una excepción tan justificada como novedosa: las políticas climáticas de la Unión. Para ese supuesto concreto, el Consejo se une ahora al criterio unánime del Parlamento y la Comisión, asumiendo que se impongan barreras a la importación siempre que se centren en el control de la deforestación y de la reducción de las emisiones de CO2, mediante tasas de carbono en frontera a los países que no las imponen en origen. Una decisión tan impecable como insuficiente a la vista del cúmulo de desequilibrios regulatorios que jalonan el largo camino hacia la concurrencia justa que tienen por delante los productos europeos.
Con todo, estamos ante un precedente interesante que nos dice dos cosas: las autoridades tienden a responder cuando se ven interpeladas por una demanda colectiva intensa, o cuando la respuesta viene impulsada por directrices políticas prioritarias, buena parte de las cuales gravitan hoy en la órbita de la Agenda 2030. En este caso coinciden ambos móviles.
¿Por qué me parece significativo? Por el contexto: las cláusulas espejo han sido una reivindicación histórica de nuestras asociaciones sectoriales alimentarias, y más recientemente también de los gobiernos de España y Francia. Una pelea en solitario, el level playing field por el que venimos clamando desde hace décadas. Sin embargo, la razón se ha topado siempre con el desdén al respecto de las autoridades comunitarias y el silencio de las nacionales, presas de una visión dogmática del libre comercio y proclives al uso de ciertos productos como baza táctica en el tablero global de las negociaciones de la Unión Europea con terceros países. Hasta ahora.
Bienvenido sea el compromiso gubernamental, por tanto. Y máxime cuando el tímido cambio de criterio del Consejo al que nos hemos referido en relación con las emisiones de carbono de terceros países conlleva una lección para sustentar en el futuro reivindicaciones tan serias y fundadas como esa. Y habrá ocasiones, seguro. Me vienen a la mente varios ejemplos en ámbitos tan diversos como el de las tasas portuarias; el escurridizo ejercicio del deber de transparencia; la carencia de participación real de los sectores en la elaboración de la normativa que los regula; el recurso fácil a figuras como las agencias o los entes públicos, pretendidamente inmunes a los modos y principios del buen gobierno; o el infinito sobrepeso de regulaciones, que está reduciendo Europa a una potencia exclusivamente normativa.
Son sendas por las que transitar. Porque cuando se tiene razón y hay voluntad, casi nada legítimo es imposible.